martes, 28 de junio de 2011

Por una Ley de Transparencia

Hace un año aproximadamente, la prensa informó de que el Gobierno preparaba una Ley para la Transparencia, es decir, una norma legal de carácter general en la que se reconocería "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública". La elaboración de este texto legal iba a ser coordinada por la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, partiendo del reconocimiento del derecho constitucional a saber, es decir, se cambiaba el enfoque: no era el ciudadano quien debía justificar su interés en conocer un dato, sino que era la Administración la que debía explicar su negativa a facilitárselo. Esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública era un compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.

El anteproyecto de ley que se filtró consideraba información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no solo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas [desde empresas de recogida de basuras a universidades], siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte.

Pero "nuestro gozo en un pozo", que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos ya no es una prioridad para el Gobierno. Hace unos meses supimos que este proyecto está enterrado y no verá la luz en esta legislatura. Con la decisión del Gobierno de colocar el borrador de esta ley en su cajón de promesas electorales incumplidas, se pierde, por ejemplo, la oportunidad de evitar episodios como el de la negativa de la Generalitat Valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.

Según datos de la Coalición Pro Acceso, promovida por la ONG Access Info Europe, sólo cinco de los 27 países de la UE no han regulado aún el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones. España es uno de esos cinco países, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. El nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un "indicador de la calidad de los sistemas democráticos". No solo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. En este campo, al contrario que en otros como la igualdad de género o el matrimonio homosexual, España no está en la vanguardia sino en el furgón de cola. La mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia y el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales en el que, en buena medida, se inspiraba el anteproyecto del Gobierno.

Desde hace ya unos meses las plazas de muchas ciudades españolas han sido tomadas por una parte de la juventud española, que reclama una "democracia real ya" ante un sistema que les ha fallado en lo que se refiere a economía, estado de bienestar, representación ciudadana o lucha contra la corrupción. Este amplio movimiento social, cada vez mejor organizado, ha puesto en marcha esta semana un grupo de trabajo denominado "leydetransparenciaya!".

Pero existen otras iniciativas en la Red en torno a esta cuestión. Por ejemplo, en la titulada Ley de Transparencia Ya (por una ley que obligue al estado a facilitar información al ciudadano), además de dar explicaciones sobre la necesidad de esta normativa, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas. Por su parte, ATTAC lo considera una asignatura pendiente.

10 comentarios:

Claudio dijo...

Este tipo de leyes, como la Ley Electoral, y otras que comprometen el privilegio de los fuertes, de los que ostentan el poder, sólo se cambian cuando la presión de la sociedad, de la opinión pública, llega a niveles de necesidad y exigencia real. La principal motivación de la mayoría de los políticos es el rendimiento electoral.

¿Cuántos votos ha quitado a Camps el caso Gurtel o el Brugal?

Selector de noticias dijo...

El debate alternativo
de los indignados


El Movimiento 15-M quiere crear un espacio de reflexión sobre cuestiones que afectan a la ciudadanía.

Plazas que disuelven cortijos. Extremadura IU y el 15M

Una nueva élite política y económica que entroncaba y se renovaba a partir de la sólida red caciquil y de poder existente durante todo el franquismo. Vara y Francisco Fuentes, dos de los hombres fuertes del PSOE extremeño, constituyen una esclarecedora metáfora de ese proceso. El primero llega a presidente de la Junta tras ser afiliado durante 10 años del PP, hasta su captación por vecindad con Ibarra. El segundo, procedente del falangismo, es el tío del principal empresario de la región que ha hecho su fortuna a la sombra de la Junta

Anónimo dijo...

Solo somos europeos para lo que les interesa.

Empedernido dijo...

Basseta, noticia de hace 3 días:

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado hoy que el Ejecutivo aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley de información pública, que contará, ha asegurado, una posición "irreversible" sobre la transparencia a la que tienen derecho los ciudadanos.

http://www.adn.es/politica/20110624/NWS-0822-Transparencia-Rubalcaba-Ley-proximas-semanas.html

Rosa dijo...

Demasiado progresista debieron pensar algunos de esos que siguen tratando a los ciudadanos como a menores de edad política. Habrá que recordarles que en democracia ellos son servidores públicos, es decir nuestros servidores, en vez de ello sirven a los mercados, a nuestros enemigos.

Anónimo dijo...

Si el PSOE no saca adelante esta ley, el PP todavía menos. No les interesa a ninguno.

NICO dijo...

Hoy precisamente me ha comentado un ciudadano, además proveedor habitual de servicios para el ayuntamiento, que él no tiene ningún inconveniente en que pueda accederse a través de internet a lo que el ayuntamiento gasta, lo que paga a proveedores, etcétera. Cuando le he explicado que hay algunas cuestiones que chocan con ley de protección de datos, me ha insistido en que él no tiene inconveniente. Es más, le gustaría saber si en algunas ocasiones el Ayuntamiento no ha puesto que ha cobrado diez en algo que él ha cobrado cinco. Está claro que, con los filtros de privacidad necesarios, puede mejorarse y mucho el acceso a la información de las cuentas públicas, de los registros, de los proyectos urbanísticos y de mucha información que debería de ser pública, como la de las decenas de contratos cuyo acceso se ha denegado a los grupos de la oposición por parte del señor Camps y su cuadrilla

Anónimo dijo...

Señores, ahora ya no valen excusas, si los cuatro grupos de la oposición quieren en Ibi habrá toda la transparencia que sea necesaria.

Toni dijo...

El gobierno está ahora más ocupado con la ley de muerte digna, con los sectores católicos más radicales poniendo el grito en el cielo, nunca mejor dicho, pese a que Rouco le dio el visto bueno al anteproyecto.

Anónimo dijo...

Desde el movimiento 15M se exige transparencia a las administraciones. El nombre y apellido de esta reinvidicación es la Ley de Acceso a la Información Pública, un mecanismo que permite al ciudadano saber cómo, cuándo y dónde se gasta su dinero. Con esta ley, la Administración tiene la obligación de contestar las peticiones de información de los ciudadanos y de publicar, de una manera clara, sencilla y accesible, todos los datos que son propiedad de todos. Tenemos derecho a saber.

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