viernes, 13 de julio de 2007

Un Magistrado del Supremo anima a denunciar cuando se sufra ruido

Un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo animó hoy a los ciudadanos que estén "sufriendo o padeciendo" algún caso de contaminación acústica a que denuncien estos comportamientos para que sean reprimidos, ya que está en juego la salud.

En declaraciones a los periodistas, el magistrado Carlos Granados Pérez explicó que la contaminación acústica está directamente relacionada con la calidad vida y el derecho, y agregó que España es uno de los países más ruidosos del mundo y es necesario llamar la atención a la ciudadanía, las autoridades y a los responsables políticos sobre el hecho de que el ruido, la contaminación acústica, no es una molestia sino algo mucho más importante porque está en juego la salud física y psíquica de los ciudadanos, la tranquilidad y el derecho a la intimidad del domicilio.

Existen situaciones en las que interviene el Derecho Penal con sanciones que tienen especial importancia porque pueden llegar incluso hasta los cuatro años de prisión y en este sentido apuntó que el Tribunal Supremo ha dictado ya bastantes resoluciones relacionadas con la contaminación acústica y que poco a poco se está creando una mayor sensibilidad.

No obstante, subrayó que entre todos "hay que hacer un serio esfuerzo", los tribunales, los políticos y los ciudadanos, "reclamando ante la Administración, cuando están padeciendo un ruido excesivo, para que actúe y para que, en casos extremos, también pueda actuar el Derecho Penal".

1 comentario:

ramonx dijo...

Por supuesto que la contaminación acústica es una agresión a la calidad de vida del siglo XXI, aunque la represión penal de la misma es testimonial, ya que el gran frente de lucha no son las escurridizas leyes penales, ni las grandilocuentes leyes del ruido, sino las Ordenanzas municipales, pero siempre que exista coincidencia entre el "Derecho reglamentado" ( los decibelios marcados por las ordenanzas ) y el " Derecho practicado" ( las denegaciones de licencias, clausuras y sanciones). Y ello sin olvidar la falta de una regulación nacional del espinoso tema de los ruidos provocados por los festejos promovidos o impulsados por los propios Ayuntamientos, que provocan litigios sin fin en laberintos contencioso-administrativos ( dado que existe una especie de "dispensa temporal y espacial" para determinados eventos en que "el jolgorio de muchos" parece alzarse sobre el "sacrificio de unos pocos vecinos". Justo o no, es un problema sin resolver.

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