lunes, 7 de mayo de 2007

Polémica con el Decreto que regula el acceso a los centros docentes públicos y privados concertados.


El Decreto 33/2007, de 30 de marzo (publicado en el DOCV de 4 de abril de 2007), por el que se regula el acceso a los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de régimen general, se ha convertido en motivo de enfrentamiento entre Educación y las asociaciones de padres y alumnos y sindicatos (que ya han protagonizado concentraciones a las puertas de la Conselleria para denunciar la política del gobierno valenciano en materia educativa).

La presidenta de FAPA-Valencia, Gemma Piqué, denunció que la Conselleria no contesta y hace caso omiso a las alegaciones que se han presentado. Por su parte, el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip, replicó que algunos sindicatos quieren paralizar el decreto e inventan pretextos y recordó las reuniones en las mesas técnicas en las que se ha debatido el documento en las que todos los sectores han podido participar y hacer sus aportaciones. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de Enseñanzas Medias ha convocado una huelga para el 10 de mayo contra el decretos de admisión y de deberes, el desarrollo autonómico de la LOE y para exigir el derecho de no asistencia colectiva a clase.

Desde EUPV pensamos que el decreto de admisión de alumnos es arbitrario ya que establece (ver art. 12) que la competencia para decidir la admisión corresponde al Consejo Escolar en los centros públicos y al titular en los centros privados.

Además, su falta de transparencia dificulta el control sobre las puntuaciones otorgadas ya que determina que las listas provisionales de los alumnos admitidos y no admitidos se publicarán en el tablón de anuncios de cada centro, indicando solamente el total de la puntuación obtenida. (Art. 29, apartado 5). Si no se conocen los puntos otorgados en cada apartado ¿Cómo se puede recurrir? (por esté procedimiento será casi imposible detectar las posibles irregularidades que se puedan producir en un centro).

Por otra parte, esta norma consolida diferencias importantes entre centros públicos y concertados. En los centros públicos el proceso de admisión está controlado desde el inicio por el Consejo Escolar del Centro, y sus decisiones se pueden recurrir ante la comisión de escolarización, además del recurso de alzada ante la Dirección Territorial correspondiente. Pero en los centros concertados las decisiones corresponden al titular del centro y solo se puede presentar recurso ante la Dirección Territorial.

Consideramos que se están vulnerando los principios establecidos en al LOE para la admisión, pues en el art. 84, punto 2 de la LOE se establecen los siguientes criterios prioritarios:

· Hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo.
· Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores legales
· Rentas anuales de la unidad familiar
· Concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos.

Por contra, en el baremo que figura en Decreto de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, desde el artículo 16 al artículo 25, se contemplan los siguientes criterios, con la puntuación que se indica:

a) Art. 18. Existencia de hermanos matriculados en el mismo centro (5 puntos por el primer hermano y 3 por cada uno de los siguientes).
b) Art. 19. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores (5 puntos área de influencia y 2 áreas de influencia limítrofes).
c) Art. 20. Padres o tutores trabajadores en el centro docente (5 puntos).
d) Art. 21. Rentas anuales de la unidad familiar (0’5 puntos a las rentas iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional).
e) Art. 22. Discapacidad del alumno o de sus padres o hermanos ( 3 puntos cuando exista discapacidad del alumno entre el 33 y el 65%, 5 puntos cuando sea superior al 65%, 1.5 por cada uno de sus padres o hermanos en esta situación entre el 33 y el 65%, y 3 puntos si es superior al 65%).
f) Art. 23. Condición de familia numerosa (familia numerosa general 3 puntos y la de categoría especial con 5 puntos).
g) Art. 24. Circunstancia especifica (1 punto que determinara el órgano competente del centro ¿?; atención, en los centros privados concertados el órgano competente puede ser el director y este punto puede ser el decisivo).
h) Art. 25. Condición de deportista de élite (2 puntos a todo el alumnado que acredite la condición de deportista de élite).

Los anteriores apartados f ( 3 y 5 puntos), g (1 punto) y h (2 puntos) no están incorporados entre los criterios prioritarios de la LOE y se les otorga una puntuación superior a uno de los prioritarios (renta 0.5 puntos), esto junto al punto de “libre designación" deja bien claro que en el decreto han primado los deseos y expectativas de un sector de la enseñanza, la patronal privada (concertada si, pero privada), con interés en que sus centros reciban solo al alumnado que ellos decidan vulnerando así otro principio de la LOE, ya que no serán las familias las que puedan decidir sobre el centro, sino que el propietario del centro decidirá que familia elegir…. Y eso que es un principio del que siempre la derecha ha hecho bandera.

Esto es lo que reza el art 84 de la LOE sobre "Admisión de alumnos":

1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

Concluyendo: El decreto del Gobierno Valenciano (en manos del PP) hace que la admisión de alumnos en el País Valenciano sea arbitraria, poco transparente, permita la “selección” del alumnado y consolide la distancia entre las dos redes de centros.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Per desgràcia, el PP mos té acostumats a fer lo que li dona la gana sense tindre en compte la opinió de els afectats. No més mira els interesos seus, com a partit, i dels seus acólits, els sectors que es beneficien clarament de les seues decicions.
El fet de que el decret de admisió de alumnes ha segut aprobat no més en el vots de el PP i la abstenció de tots els demés sectors representats en la taula de negociació i en el Consell Escolar Valenciá, es del tot significatiu.
Y que conste que es van abstindre per no retrasar més tot aquest procés, cosa que no sé si es acertada o no.
Tal volta tendríen que haver voltat en contra i no consentir totes aquestes tropelíes.
Ja n'hi ha prou!

EUPV dijo...

Marga Sanz, candidata d’EU a Les Corts Valencianes reclama al Consell que “retire immediatament el decret i torne a la mesa de treball per negociar-lo des de zero amb mares, pares i sindicats”

La candidata autonòmica del Compromís pel País Valencià que participarà demà en la concentració i en la taula rodona per reclamar més i millor educació valora el decret d’educació de l’admissió d’alumnes com “un nou retrocés en la igualtat d’oportunitats” fruit, per una banda, “de la submissió del Consell als designis de l’educació privada” i, per alta, “a l’absoluta falta de voluntat dialogant i a l’acció de govern caciquil amb que Alejandro Font de Mora gestiona la conselleria”.

Per a Sanz, el fet que la valoració per renta familiar siga tan sols d’un 0’5 (amb una baixada respecte a l’anterior valoració d’un 75%) suposa “la demostració més evident de l’absoluta manca de sensibilitat de l’administració autonòmica pel que fa a les necessitats de les classes més desafavorides”.

La candidata d’esquerres critica igualment que “es mantinga el punt extra fixat pel consell escolar del centre segons un criteri totalment subjectiu. Una porta oberta per a la discriminació dels alumnes per raons d’origen que, en alguns casos, ratlla el racisme i la xenofòbia”.

Igualment, la conselleria ha rebutjat la constitució de comissions de
control d’escolarització per districtes “un mecanisme que reclamaven els
sectors que defensen l’educació pública per evitar les irregularitats amb
que actuen de manera sovint les escoles privades subvencionades per
l’administració”.

“Es tracta d’una imposició per decret sense cap tipus de diàleg perquè ni tan sols s’ha presentat a la taula de treball i de negociació que la pròpia Conselleria d’Educació havia convocat aquesta setmana amb pares, mares i sindicats”. Per tot això, des d’Esquerra Unida, la candidata d’esquerres reclama al Consell que “retire immediatament el decret i torne a la mesa de treball per negociar-lo des de zero. L’obligació de la conselleria es atendre les demandes de les associacions que defensen l’educació pública però, lluny d’això, el Partit Popular només es plega a les peticions de l’escola privada que és la que realment vol potenciar”.

Sanz indica, de la mateixa manera, el fet que l’educació concertada que integra primària i secundària té una avantatja sobre la pública pel que fa a l’agrupament d’alumnes de la mateixa família “una discriminació que no es pot comportar i que suposa un greuge per a les mares i pares que opten per l’educació pública per a als seus fills”. València, a 4 de maig de 2007.

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