Hace unas semanas parió la gatita que tenemos en la caseta. Hemos esperado a que la camada de 5 gatitos estén en condiciones de valerse por sí mismos. Ahora ya comen pienso y son autónomos.
Además, el contacto con mis hijas, que no los dejan tranquilos, ha provocado que no sean huidizos, que se dejen tocar y coger. Si quieres adoptar alguno no tienes más que mandarme un correo electrónico (basseta@gmail.com) y te lo llevaré a casa.
Esta bitácora se adhiere a este manifiesto presentado ayer, aquí en España, por: ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, CCOO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.
Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos.
Decimos: El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.
Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.
Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:
Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.
Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.
Que lamentablemente los países donde se cometieron los hechos delictivos no suelen, porque no pueden o porque no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.
Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir
Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal.
Que en la propia sentencia del caso Schilingo (único juicio celebrado hasta ahora en España) la Audiencia Nacional misma reconoce a los crímenes considerados contra el Derecho de Gentes carácter de ius cogens (norma imperativa) eficaz ante todos, estableciendo que: para la satisfacción del interés de la justicia todos los Estados, incluso el del territorio donde sucedieron los hechos, tienen competencia para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en su contra y castigar a sus responsables, actuando en interés del conjunto de la comunidad internacional, superior al suyo individual.
Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.
Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.
Por todo lo anterior decimos, que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.
Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.
Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.
Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.
Por todo ello, deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.
Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.
Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados. Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.
Espere de tot cor equivocar-me però crec que no serà el cas. No pensava fer un article sobre este tema però la notícia apareguda ara fa uns dies m'ha obligat a això: “El Govern alça el veto a les ETT perquè treballen amb el sector públic“.
Fa unes setmanes, el Govern va obrir la porta a la modificació de la legislació vigent en matèria d'empreses de treball temporal, ETT´s. Esta modificació permetrà que les administracions públiques puguen recórrer a la contractació de treballadors via ETT.
Esta mesura no té per on agafar-la ja que trencarà tots els esquemes previs en la contractació pública i desencadenarà un grau d'enchufisme inimaginable fins ara per part de moltes administracions locals. La resta de problemes intrínsecs a les ETT´s han sigut definits d'una manera prou coherent i contundent: les ETT han sigut verdaders monstres causants de la precarietat laboral i torpede a la línia de flotació de l'economia espanyola i ara va i reapareixen per a destrossar mes si és possible este desastre absolut.
Encara així, per si no ho tenim molt clar, el secretari de la Seguretat Social, Octavio Granados va aplanant el camí i venent-nos la moto per a afavorir la contractació a temps parcial dins de l'administració. Les declaracions que arreplega El País no tenen deixalla: "Como no podemos contratar a nadie a tiempo parcial, contrataremos a una persona para que esté ocho horas sabiendo que estará cuatro horas tocándose las narices".
Com podem permetre semblant atrocitat i quedar-nos tan tranquils? No serà millor depurar primer el personal excedent de l'administració pública abans que embolicar-nos a fer nous contractes? L'administració té el mal costum de repartir malament les càrregues laborals i continuar absorbint personal sense cap de criteri i fins a límits inimaginables.
Els avanços tecnològics que van apareixent cada dia, no tenen un reflex en la disminució de funcionaris, atés que els llocs blindats són el pa nostre de cada dia. A més, si una empresa té treball per a mig lloc només, este es cobrix amb hores extres o amb un repartiment diferent de les funcions assignades.
Alguns ja parlen de "la nueva contrarreforma laboral que el gobierno cocina entre bastidores con la patronal y la burocracia de CCOO y UGT". Es clar que el camí que seguirem amb les ETT´s serà molt perillós i provocarà un verdader caos per a moltes administracions al donar-li carta blanca a la contractació de personal a l'administració trencant els protocols actuals, que per cert no servixen per a res, però almenys es publiquen en els distints butlletins oficials.
Resulta comprensible que al Sr. Font de Mora (o Blackberry Fountain, como al parecer le gusta ser llamado en la intimidad) le resulte incómodo, nunca mejor dicho, encontrarse en la misma posición que un monarca tan nefasto como Felipe V. Sin embargo, analizando el quehacer del conseller al frente del Departament d’Educació de la Generalitat Valenciana, no resulta fácil discernir sobre cuál de los dos es más pernicioso para el futuro del país.
Tanto en El País de ayer, como en Información del pasado día 10, venía la noticia bastante bien explicada: la Generalitat Valenciana restringe el acceso de los Ayuntamientos al plan de Zapatero para la construcción de 30.000 plazas de educación infantil al término de la legislatura. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no sólo ha sido el último en cerrar en marzo los términos del convenio con el ministerio, por el que el Estado financia hasta 11,4 millones de euros a esta comunidad autónoma para la construcción o ampliación de nuevas plazas escolares de
La orden está diseñada para que sólo los ayuntamientos que puedan presentar antes del 30 julio una justificación de que ya tienen la obra visada y adjudicada concurran a las "subvenciones", que se resolverán el 30 de noviembre. Teniendo en cuenta que en julio y agosto la Administración pública funciona a medio gas y que es complejo a nivel municipal agilizar los trámites de cesión de suelo municipal y sacar a concurso público la obra antes de final de mes, todo apunta a que sólo los ayuntamientos que hayan tenido conocimiento de la intención de la Generalitat podrán optar a las ayudas del Gobierno de Zapatero. Desconozco si nuestro Ibi estará entre los afortunados.
Las ayudas, además, sólo cubren "el 50% de la obra". Y según la orden publicada el 7 de julio, se regirán por la Ley de Subvenciones (cosa que no ocurre en otra autonomía) y se podrán pagar hasta dos años después del plazo de finalización, que es diciembre de 2010. Es decir, en diciembre de 2012.
El convenio estatal obligaba a la Generalitat a coficinanciar la obra al 50% (no a subvencionarla al 50%, que es muy diferente) con lo cual la Generalitat se exime en los dos primeros años de aportar los otros 11,4 millones que le tocaban y siempre puede justificar, al ser "partidas finalistas", que las solicitudes no han cubierto el crédito autorizado por el Estado el 18 marzo pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
Ésta es otra de las singularidades exclusivas del modelo valenciano, que acaba cediendo la responsabilidad financiera a los ayuntamientos, que tendrán hasta dos años para cobrar la mitad de la obra. La fórmula contrasta meridianamente con el convenio marco que diseño el ministerio, y que han respetado todas las autonomías, desde que empezaron a construir en diciembre pasado. Por ejemplo, Galicia o Cantabria que están a punto de estrenar ya 1.900 plazas escolares nuevas. 
El PP valenciano llegó a la Generalitat en 1995 con una promesa electoral clara: paralizar la red de escuelas infantiles iniciada por los socialistas y subvencionar la red privada con un bono-cheque a nombre del alumno. El argumento era que resultaba más barato y llegaba a más bolsillos. La realidad, 19 años después, se ha demostrado testaruda: sólo existen las 33 escoletes públicas de la etapa socialista, 256 privadas y 97 municipales. Mientras el bono infantil y las subvenciones ascienden cada año a 28 millones de euros.
El territorio valenciano tiene 150.000 niños censados, pero en el tramo de
Fiel a la política de privatizaciones, la Generalitat pidió en mayo al ministro Ángel Gabilondo "flexibilidad" para firmar " convenios con entidades sin ánimo de lucro". Es decir, para seguir subvencionando puestos privados. Ante la negativa, ha optado por hacerlo con Ayuntamientos, prácticamente, sin publicidad ni concurso, en pleno cerrojazo estival.
Imaginemos por un momento que un gobernante déspota obliga un par de miles de personas a concentrarse en un callejón y suelta por uno de los extremos una manada de toros de afilados cuernos que embisten contra la multitud, que corre a su vez hacia el extremo opuesto de forma trotinada, tropezando unos con otros e intentando refugiarse en los pocos lugares aptos para escapar de los pitones.
Una conducta así recibiría, a buen seguro, la censura de cualquier observador. No hay derecho, es una salvajada, es una forma de tortura, vulnera los derechos fundamentales, etc., etc.
Sin embargo, cuando esas mismas circunstancias concurren durante los Encierros de San Fermín, son celebradas y televisadas a medio mundo, aunque, como hace unos días, le hayan costado la vida a un joven y haya habido varios contusionados. Es decir, si nos obligan es una cosa y si lo hacemos voluntariamente es otra, eso es evidente.
Es el más claro ejemplo de la libertad de la que goza el ser humano. Es el “libre albedrío”, es la posibilidad de optar en multitud de facetas y ocasiones de la vida (San Agustín lo definía como la posibilidad de elegir entre el bien y el mal). Tenemos la suerte de poder escoger entre asumir más o menos riesgo en nuestros comportamientos, podemos decidir libremente si vamos a Madrid en coche o en tren, o si practicamos paracaidismo o ajedrez, y no queremos renunciar a ese derecho.
El ser humano reclama la libertad como el primero y principal de sus derechos. Rechazamos que los demás decidan por nosotros, reclamamos el derecho a ser dueños de nuestros propios actos, aunque en muchas ocasiones esa libertad la utilicemos para poner en riesgo nuestra propia integridad física.
El tópico dice que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás. Es decir, asumimos que nuestra conducta debe estar reglada cuando se pone en riesgo la vida de nuestros semejantes, como ocurre por ejemplo con la normativa sobre tráfico y seguridad vial, donde no nos queda más remedio que admitir normas prohibitivas (la tasa de alcohol en la sangre a la hora de conducir es un factor de riesgo y las leyes sancionan con severidad al que no respeta estos límites).
Pero fuera de esos casos, cuando lo único que está en juego es nuestra propia vida, reclamamos el derecho absoluto a decidir si queremos ponernos delante de un Miura, o hacer barranquismo, o subir al Everest, porque hay peligro, miedo, inquietud y vértigo (sean cuales sean las consecuencias).
Ahora bien, ese mismo razonamiento nos podría llevar más lejos de lo que a veces se quiere admitir. Por esa misma regla de tres deberíamos, por ejemplo, aceptar el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas con la misma naturalidad que asumimos el consumo de alcohol u otro tipo de “drogas legales”. No parece que tenga mucho sentido, desde el punto de vista de la libertad del individuo, ver con naturalidad que una persona pueda emborracharse todos los días y, en cambio, que no pueda fumar porros todos los días.
Sigue habiendo personas e instituciones que pretenden continuar monopolizando las normas de conducta del ser humano, quitando importancia a unas prácticas (en base a conceptos abstractos como el de “tradición”) y criminalizando otras.
Ayer venía publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana la Resolución de 25 de junio de 2009, de la Consellera de Turismo y Presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme, por la que se otorga la declaración de las Festes d’Hivern de Ibi como fiesta de interés turístico autonómico de la Comunitat Valenciana.
La celebración en la Comunitat Valenciana de determinadas fiestas populares, festivales y certámenes ha excedido su mero carácter lúdico, económico y sociológico para constituirse, en no pocas ocasiones, en un claro reclamo turístico. Dichas manifestaciones, al comportar un encuentro de civilizaciones, tradiciones y herencias culturales, propician un intercambio, flujo de valores o simbiosis cultural, de la que son beneficiarios tanto la población autóctona como la foránea.
Dicha resolución administrativa es el resultado de las gestiones emprendidas en abril del año pasado, cuando las Concejalías de Turismo y Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ibi solicitaron dicho este reconocimiento y aportaron toda la documentación necesaria para acreditar la repercusión, tradición y originalidad de estas fiestas tan peculiares, de las que se tiene noticia desde el S. XVII. 
A estos efectos se entiende que una celebración es "original" cuando en sus elementos esenciales, contenga aspectos peculiares que la singularicen respecto de las que tengan lugar en otras localidades y, en consecuencia, sea fiel reflejo de la idiosincrasia y particular sentir de quienes la protagonicen y presente innovaciones de entidad tal que la reputen como excepcional.
Es indudable de que, además, nuestras Fiestas de Invierno tienen la necesaria capacidad para la atracción de visitantes o repercusión pública de la celebración, y su celebración se realiza en unas fechas fácilmente determinables, todo lo cual redunda en su mayor divulgación.
Me uno a la satisfacción de los Concejales responsables e igualmente espero que esto sea el inicio de una serie de reconocimientos y declaraciones a nivel nacional e internacional, que permita situar nuestras Fiestas en el listado de todas las que, en nuestra Comunidad, han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional y Nacional, reconocidas por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
* Por cierto, no encuentro explicación a que la página del DOCV reporte un mensaje de error como el que aparece en Firefox cuando se intenta acceder a sus páginas, tal y como se comprueba en esta imagen captada en mi pantalla ayer por la noche. en la que se puede leer "No se confía en el certificado porque no se confía en el certificado emisor" (digo yo que, a lo mejor, hasta la sede de Firefox habrán llegado los ecos del presunto cohecho de Camps y han decidido retirarle la confianza a la Generalitat):
Por lo visto, hay personas que se dedican a redactar comunicados de prensa en los ratos libres, lo cual es muy respetable, aunque sea para atacar al prójimo. Lo que no es tan respetable es el recurso al insulto fácil, a la injuria y a la calumnia. Y lo que es peor de todo es no ejercer la profesión en las debidas condiciones físicas y menales. En algunos despachos donde trabajan esos redactores deberían poner algún tipo de control antidoping, pues podrían haber sorpresa.
Y digo todo esto a raíz de la noticia que publicaba ayer el diario Información, según la cual el PP estudia emprender acciones legales contra el portavoz de EU (al parecer, la concejalía de Urbanismo afirma que yo podría haber incurrido en ilegalidades por defender desde su despacho de abogados denuncias contra el Ayuntamiento). Me pregunto si no habría que pasar algún tipo de test de alcoholemia a las fuentes de las que se nutren los periodistas.
Yo estoy convencido de que la persona que ha facilitado estas informaciones a la prensa sufría un alto grado de intoxicación etílica (seguramente por que no tiene que pagar las copas en los lugares de moda de la localidad, o le han dado "garrafón"). O por lo menos, tenía una resaca terrible. Y es que una cosa es ser "gente de comer bien" y otra "saber beber", que todo es preciso en la vida.
No he acabado de entender si las acciones legales las emprenderá el PP, o la "concejalía" o el gobierno municipal, pero les aconsejo que se unan para pleitear juntos, pues tiene sus ventajas: en primer lugar, acojona más al contrario (que soy yo y que ya estoy temblando de miedo de pensarlo) y en segundo lugar, pueden compartir los gastos del proceso (y la condena en costas que les caerá, por temeridad y mala fe, y por torpes).
Hace mucho tiempo que le estropeé la exclusiva al Sr. Agüera y que expliqué que, efectivamente, los primeros pasos para iniciar la urbanización de la NP-R3 se dieron en mi despacho, por encargo de un cliente, encargándose de la dirección del asunto mi compañera y entonces socia Dña. Felicidad Peñalver (ex Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Ibi, ex Concejal de Hacienda y ex amiga de la Sra. Parra), notición que ya había circulado por algunos medios de comunicación.
Interpretando la normativa legal más allá de lo exigible, he decidido abstenerme en todos los debates y votaciones que afectan a clientes de mi despacho, aunque no se trate de asuntos dirigidos por mí, y lo hago precisamente por evitar ningún tipo de insinuación malintencionada. Ahora bien, lo que no puedo, ni debo ni quiero hacer es decirle a mis compañeros de despacho qué asuntos debieron o no debieron dirigir.
Quizás el Sr. Agüera debería haber pensado en todas estas presuntas ilegalidades o incompatibilidades (que sólo pueden existir en una mente calenturienta) cuando decidió incorporar a su lista electoral a mi ex-socia Felicidad Peñalver, o debería haber meditado la conveniencia de nombrarla Teniente Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Régimen Administrativo y Personal. Pero en mayo de 2007, recién ganadas las elecciones con mayoría super-absoluta, nadie pensaba en que llegaría tan pronto el día en el que apareciesen las vinculaciones urbanísticas de unos/as y otros/as.
No voy a alargarme mucho más en algo que no merece la pena. Desde aquí emplazo públicamente al Sr. Agüera a que, cuando se le pase, acuda al Juzgado y me ponga la denuncia, demanda o querella (que no es lo mismo) que considere oportuna, y le aseguro que tendrá una respuesta adecuada. YA ESTÁ TARDANDO.
Hasta entonces, mientras me tomo una cerveza (sin alcohol), le canto aquella canción infantil que dice:
Espero que las cosas importantes que haya que hacer en el Ayuntamiento de Ibi se puedan llevar a cabo sin tener que pegar tanta patada. Digo esto a cuento del acceso a la contabilidad del Ayuntamiento y de la noticia aparecida en la prensa local según la cual los grupos de la oposición teníamos acceso a la contabilidad en tiempo real.
A consecuencia de mi entrada de ayer, me ha llamado un periodista para preguntarme a qué podía deberse una discrepancia tan abierta en el asunto, es decir, quería saber por los motivos de que el Interventor Municipal dijese una cosa y yo otra. No he tenido más remedio que invitarle a que viniese conmigo a mi despacho en el Ayuntamiento y comprobase que nuestro ordenador carecía del acceso que si tiene, por ejemplo, el ordenador del Grupo Municipal Socialista. No ha hecho falta, me dice que se fía de mi palabra.
Pero acto seguido, yo me he dirigido al despacho del Interventor y, en presencia del Concejal de Hacienda D. Antonio Granero, les he pedido que subieran a mi despacho a decirme dónde está el acceso a la contabilidad “en tiempo real”. En ese momento todo han sido excusas del tipo “yo creía”, “yo pensaba”, pero el caso es que han llamado al técnico en informática para que subiera y llevase a cabo la instalación pertinente. En cuestión de minutos ... todo resuelto.
He revisado mis notas y encuentro que en el lejano Pleno de 3 de octubre de 2007, ya se habló del tema, cuando Antonio Martos ya replicó a Felicidad Peñalver que no teníamos acceso a la contabilidad. A la vista de que se me aseguraba que ese acceso era posible, lo solicité nada más y nada menos que en SEIS (6) Comisiones de Hacienda y en DOS (2) Plenos. Desde la reunión de 14 de marzo de 2007 (en la que pusieron como excusa que al haber entrado en vigor leyes nuevas como la de Estabilidad Presupuestaria, y haberse hecho cambios contables, se habían tenido que hacer ajustes), hasta la reunión de 2 de abril de 2009 (en la que Antonio Granero me dijo que “está en cocina”), han tenido que pasar más de 2 años de legislatura hasta que ayer, a las 13,30 horas aproximadamente, nuestro Grupo Municipal tuvo habilitado el acceso al programa de contabilidad del Ayuntamiento (si es en tiempo real o no, ya lo veremos).
De todos modos, esto no tiene nada que ver con un programa de contabilidad al uso en cualquier empresa, así que ahora falta que alguien me explique su funcionamiento, ¿algún voluntario?
A partir de ahora, cuando esté aburrido o no tenga nada que hacer, me iré al despacho del Ayuntamiento a comprobar el derroche de fondos públicos que practica el equipo de gobierno, aunque para eso no necesitamos un acceso directo a la contabilidad porque salta a la vista.
[Buscando una imagen para ilustrar el texto me he encontrado con este chiste "contable": Dicen que la contabilidad de las Funerarias es la más sencilla y fácil de llevar ... porque su asiento básico es Clientes a Caja]
Los gobernantes de nuestra querida Comunidad Valenciana están abriendo las ediciones de todos los noticiarios al haberse hecho pública su definitiva imputación por cohecho. Ya sabemos que la cosa deriva de su inclinación a "vestir bien", a los trajes a medida de los que hablábamos hace unos días.
Los gobernantes locales, también del mismo Partido Popular, son "gente de comer bien". El título lo he sacado del nombre de una de las sociedades a las que el Ayuntamiento de Ibi ha pagado diversas facturas, según aparece en la contabilidad de 2008. Resulta que la mercantil "Gente de Comer Bien, S.L.", con domicilio en Madrid y dedicada a los negocios de restauración, aparece como beneficiaria de algunos de los pagos realizados con la tarjeta Visa del Ayuntamiento de Ibi en el año 2008. Concretamente, he contado hasta un total de nueve facturas, por un total conjunto de 890,00 Euros aproximadamente.
No cabe duda: nuestra Alcaldesa, el Primer Teniente Alcalde, y demás autoridades locales, son "gente de comer bien". Cada vez que van a Madrid se pasan por los mejores restaurantes de la capital del Reino, igual que Camps se pasaba por las mejores sastrerías. El "Asador Donostiarra" o el "Mesón Txistu" figuran entre sus preferidos, y por las cifras de las facturas puedo asegurar que no van al menú del día.
Y claro, ni Camps se pagaba sus trajes ni nuestros paisanos se pagan las comidas/cenas. Paga el Ayuntamiento, sea en Madrid, sea en Alicante, sea en Castalla, los cargos por comidas e invitaciones se llevan un pico. Para que nos hagamos una idea: los "gastos de representación" del Ayuntamiento estaban presupuestados en 8.460,00 Euros para 2008. Al finalizar el ejercicio se han gastado la friolera de 18.721,02 Euros (se han gastado más del doble de lo previsto).
Las cuentas del Ayuntamiento ofrecen muchas más sorpresas y habría para hablar una semana entera. Curiosidades hay muchas, como por ejemplo, que los gastos de "formación del personal laboral" hayan ascendido a un total de 178,74 Euros en el ejercicio 2008, mientras que por la web de la Feria de Santa Cecilia nos han facturado 8.700 Euros.
Ahora bien, que nadie crea que es cierto lo que ha dicho la prensa respecto a la información que tenemos los grupos de la oposición. Yo desconozco cuales habrán sido exactamente las palabras del Sr. Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Ibi, pero les puedo asegurar que el Grupo Municipal de EUPV-Els Verds no tiene acceso a la contabilidad del Ayuntamiento, ni en "tiempo real" ni en "imaginario". Lo que nos han entregado, por lo menos a mi grupo, es un conjunto de documentos en formato PDF con lo que se supone que es la contabilidad cerrada del 2008, pero que al estar dispersa en numerosos documentos distintos, no permite una cómoda búsqueda y localización de la información.
No obstante lo anterior, los Concejales y los ciudadanos tienen derecho a pedir la exhibición de las facturas y documentos que sirven de soporte a esas cuentas contables y yo ejerceré ese derecho para pedir que me sean exhibidas algunas facturas sobre las que tengo "curiosidad" (simple curiosidad ..., nada más ...).
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